Héctor Barraza, juez de Garantías, se encuentra bajo la investigación en Chile por entregar identidades de 56 testigos a abogados defensores en juicio contra miembros del Tren de Aragua en Chile.
Foto: Referencial
El juez de Garantías Héctor Barraza, quien trabaja en Arica, norte de Chile, ha sido objeto de una investigación por parte del Ministerio Público y el sistema de justicia chileno. La razón detrás de esta investigación es que durante el juicio contra “Los Gallegos”, un brazo operativo del Tren de Aragua en el norte del país, el juez ordenó la revelación de la identidad de 56 testigos protegidos a la defensa de la organización criminal.
Esta decisión ha puesto en peligro la vida de cada uno de los testigos que se atrevieron a dar su testimonio durante un proceso en el que se solicitan cadenas perpetuas al menos a 11 de los 44 delincuentes llevados a juicio. Los testigos recibieron medidas especiales de resguardo.
El Gobierno chileno ha recurrido a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez que liberó la lista de testigos. La Corte de Apelaciones ha exigido a los defensores de la organización criminal entregar los sobres retirados con los nombres de los testigos, aunque desde el Gobierno apuntan a que las listas no llegaron nunca a manos de los abogados que defienden los intereses del Tren de Aragua.
Es importante destacar que el Tren de Aragua es una mega banda criminal venezolana que opera en Chile.
El artículo 32 de la Constitución chilena permite al Presidente de la República revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial. En este caso, el Ministerio de Justicia remitió los antecedentes sobre la decisión del juez a la Corte Suprema, confirmó el secretario de Estado. Las medidas de la Corte Suprema son amplias y van desde la instrucción de un procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde definir a ellos.
El ministro Cordero explicó que hay dos aspectos: uno es el jurídico que se está discutiendo en tribunales y otro es la diligencia con los deberes funcionarios que tiene un juez. “Sin embargo, al Ejecutivo no le corresponde calificar el fondo de esa decisión (…) deja los antecedentes a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, a quien le corresponde tomar las decisiones en la forma y en el fondo respecto a este asunto”.
Es una situación compleja y sensible, especialmente porque es un hecho público y notorio en el caso del crimen organizado y en este caso en particular.
No solo aquí está en juego, el derecho a la defensa extremadamente relevante, sino que también hay testigos protegidos y agentes encubiertos que son vitales para la investigación. Además, este hecho ocurrió a pocos días después de conocerse las amenazas de la banda dedicada al crimen organizado contra jueces y fiscales. Asimismo, después se informó sobre un supuesto plan de ataque contra los magistrados por miembros que se encuentran privados de libertad del Tren de Aragua.
Fuente: Versión Final
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