Este acuerdo se produce después de que las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieran en 2019, lo que hizo que las deportaciones fueran imposibles y es una medida necesaria para frenar la afluencia récord de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.
Según fuentes oficiales, el gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para deportar a los migrantes venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio de 2023, porque los que ingresaron antes de ese día pueden acogerse al amparo migratorio que permite que casi medio millón de venezolanos accedan a un permiso de residencia y de trabajo por 18 meses. Este acuerdo se produce después de que las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieran en 2019, lo que hizo que las deportaciones fueran imposibles.
El programa de repatriación se llama “Vuelta a la Patria” y tiene como objetivo facilitar la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos. El gobierno de Venezuela ha acordado aceptar de regreso a sus ciudadanos.
El Gobierno de Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación de migrantes a Venezuela, tras años de haber congelado esta práctica, como una medida para disuadir la migración hacia su frontera sur, anunciaron funcionarios este jueves.
A partir de hoy, Estados Unidos comenzará las repatriaciones directas de ciudadanos venezolanos a su país de origen y, de hecho, ya hemos identificado a personas bajo nuestra custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días".
La deportación “es una consecuencia directa para aquellos individuos que no se acogieron a las vías legales para migrar que hemos expandido”, subrayó el funcionario.
“Retomar las deportaciones a Venezuela enviará un mensaje de disuasión. También esperaría que esto provoque una caída a corto plazo en las detenciones de venezolanos. La pregunta es qué sucederá en cinco o seis meses”, dijo el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, John Sandweg.
El Departamento de Estado señaló que la decisión llegó después de una “discusión de alto nivel” el miércoles en Ciudad de México entre los Gobiernos de Estados Unidos, México, Colombia y Panamá sobre cómo “encarar la migración irregular” en la región.
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