Canciller Yván Gil ante DDHH ONU: “la Contraloría no tiene la facultad de limitar el disfrute de los derechos civiles y políticos"

Es un hecho conocido que varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, incluyendo a este último, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, entre otros, han afirmado que los “inhabilitados no participarán en las elecciones presidenciales”. 


Foto: Red Social Instagram


Sin embargo, el miércoles, durante el último día del Diálogo del Consejo de DD.HH. de la ONU con el Estado venezolano, el canciller Yván Gil dijo lo contrario. 


Según él, “en Venezuela la Constitución es muy clara: los derechos políticos nunca se pierden y no hay manera de perderlos. No hay una persona, a menos que un tribunal lo decida, que haya perdido su derecho a elegir o ser elegido. En Venezuela, lo que ha sucedido es que algunos funcionarios públicos han perdido su derecho a desempeñar funciones dentro de la administración pública; no se les ha confiscado ningún derecho político y todos tienen derecho a ser elegidos y elegir. No se trata de una pérdida de derechos políticos que solo puede ser levantada por orden judicial, como lo exige la ley”.


 Además, enfatizó que “hay casos de inhabilitación de cargos públicos debido a asociaciones con casos de corrupción. Los inhabilitados aún pueden participar en las elecciones”. 


Inmediatamente después, Santos País, miembro del Comité, respondió: “Me parece extraño que aseguren que las personas inhabilitadas puedan ser candidatas, especialmente cuando ya hay candidaturas anuladas por inhabilitaciones en el marco de las próximas elecciones”. 


Pero lo peor es que Gil mismo afirmó que “la Contraloría no tiene la facultad de limitar el disfrute de los derechos civiles y políticos. En Venezuela solo se puede hacer mediante una orden judicial”. 


Sin embargo, no explicó que la Contraloría ha inhabilitado candidatos sobre quienes no pesan cargos ni sentencias ni procesos judiciales. Además, tampoco explicó que el Consejo Nacional Electoral no permite ni siquiera el registro de un candidato a un cargo público debido a problemas con su sistema automatizado.

 Fuente: Impacto Venezuela

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